El 13 de agosto de 2026, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ella informa que le fue retirado el permiso para ingresar a territorio estadounidense.
La misiva, fechada en Teapa, Tabasco, señala directamente a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia, a quien se refiere como “el quita visa”. López Beltrán afirma que ambos ordenaron la medida.
En el texto califica la decisión como de carácter político, “politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”. Asegura que no existe ninguna prueba en su contra de acto inmoral o delictivo y sostiene que ha guiado su vida pública y privada con principios de honestidad.
El anuncio no sorprendió del todo. Desde 2025 circularon rumores en círculos políticos y en redes sobre la posible revocación de su visa. Reportes de julio de 2026 ya hablaban de que la medida era inminente o incluso que ya se había concretado en silencio. La carta de este jueves convierte el rumor en declaración pública.
Tampoco es un caso aislado. Desde 2025 se ha reportado la cancelación de visas a más de 50 políticos mexicanos, la mayoría vinculados a Morena. Entre los afectados previos figuran gobernadores como Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfonso Durazo, de Sonora, además de alcaldes fronterizos y otros funcionarios. El Departamento de Estado no revela las razones individuales de cada cancelación por normas de confidencialidad.
En paralelo sigue abierto el expediente de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Rocha Moya se separó del cargo por decisión propia mientras avanza una investigación vinculada a señalamientos de autoridades estadounidenses. La Fiscalía General de la República ha señalado que aún no reúne el umbral probatorio requerido por el derecho mexicano para proceder. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recientemente que no se ha recibido un paquete formal de detención con fines de extradición.
También permanece activo el proceso del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Mérida se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses y enfrenta acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La jueza del caso ha descrito la evidencia como abundante. Una audiencia programada para el 4 de agosto fue pospuesta de manera indefinida, pero el expediente sigue en curso.
López Beltrán describe la medida en su contra como una “burda y perversa canallada” y acusa a los funcionarios de actuar como jefes de grupo dedicados a espiar y agraviar a gobiernos y políticos que no se alinean. Plantea a Trump dos preguntas concretas: si estaba enterado de la decisión y, de estarlo, si no le parece un acto prepotente.
También afirma que no le causa problema dejar de visitar Estados Unidos en lo que describe como tiempos de odio, racismo y desintegración social, y evoca a Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt como ejemplos de trato respetuoso hacia México.
La publicación de la carta en Instagram generó reacciones inmediatas. Hasta el momento de este corte, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han emitido un pronunciamiento público específico sobre el caso de López Beltrán.
Para el lector el dato concreto es que una figura política mexicana de alto perfil familiar anunció la pérdida de su visa después de meses de rumores, en un contexto de múltiples cancelaciones y de procesos judiciales abiertos en Nueva York contra exfuncionarios sinaloenses. La respuesta oficial, si llega, definirá el siguiente capítulo.
¿Qué peso tiene una carta pública frente a una decisión de visa que, por ley, permanece confidencial? Esa es la pregunta que queda abierta esta noche.
Por bruno Cortés
