El domingo 30 de agosto, con el receso legislativo todavía en el reloj, llegó a San Lázaro —vía Comisión Permanente— el pliego que el Ejecutivo federal tituló de nacionalidad única. No es un tuit ni un globo de ensayo: es el oficio 190.-371 de Gobernación, dirigido a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, con la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122. La emoción que abre el expediente no es el grito de tribuna; es la inquietud de siempre en este país: quién manda y a quién le debe lealtad cuando hay más de una bandera en la cartera.
El documento lo firma la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez y acompaña el proyecto con rúbrica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Van dos anexos que no son adorno de papelería: el oficio 113.CJF.CALEN.15681.2026 de la Consejería Jurídica y el dictamen de impacto presupuestario 529-I-CCEP-206/2026 de Hacienda. Castillo Juárez ya lo dijo en público: el paquete se turna a la Cámara de Diputados para dictamen. El 1 de septiembre abre el periodo ordinario. El trámite, ahora sí, deja de ser anuncio de mañanera.
Tres años después de que México aceptara, en 1997, que un mexicano por nacimiento no pierde su nacionalidad por adquirir otra, el artículo 32 dejó escrita una reserva: los cargos que exigen mexicanidad por nacimiento se reservan a quienes “no adquieran otra nacionalidad”. El verbo es futuro. La Consejería Jurídica sostiene que esa frase no zanja el caso de quien ya trae la segunda nacionalidad debajo del brazo. Ese es el hueco que el Ejecutivo quiere tapar con cemento constitucional, no con circular.
El artículo 82 vigente ya pide ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos y haber vivido en el país al menos durante 20 años. Esa cifra —veinte— no nace hoy. Lo que sí nace es la frase nueva: no tener ni adquirir otra nacionalidad y, si se tiene, renunciar a ella antes de pedir el registro como candidata o candidato. Misma lógica para gobernadora, gobernador y titular del Ejecutivo de la Ciudad de México. La silla grande y las 32 sillas de los estados, más la de Plaza de la Constitución, quedarían bajo la misma regla.
Una vez en el cargo, el proyecto no se conforma con el juramento. Quien ejerza no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante autoridad extranjera. La prohibición alcanza el pasaporte o documento de identidad de otro Estado, el ejercicio de derechos políticos allá y el acogerse a protección diplomática extranjera. Si se rompe la regla, el castigo no queda en un reglamento de partido: se remite al Título Cuarto de la Constitución, el de las responsabilidades de los servidores públicos. ¿Le parece menor un pasaporte guardado en la gaveta? En derecho, ese papel no es souvenir: es vínculo con otro soberano.
Conviene decirlo sin truco de feria: la iniciativa no les quita la doble nacionalidad a los millones de mexicanas y mexicanos que viven —o nacieron— con un pie en cada lado de la línea. El derecho sigue. Lo que se restringe es el acceso a tres encargos del Poder Ejecutivo. Es como pedirle al capitán del equipo que se quite la otra playera antes del saque de centro: el resto de la grada puede seguir con la dualidad; el que pita y manda, no.
El propio gobierno adelantó que, si la reforma constitucional pasa, vendrá después la Ley de Nacionalidad, para decir cómo se renuncia ante México y ante el otro país. Sin ese reglamento, la frase “renunciar previo al registro” se queda a medio camino: una autoridad mexicana no apaga, por decreto, la ciudadanía que otorga un Estado extranjero. Ese es el tornillo que todavía no aparece en la caja.
En el debate público ya asomaron cifras de occurrencia y nombres propios. Una legisladora del grupo mayoritario habló de “tres o cinco personas” rumbo a 2030; no hay padrón que lo demuestre. Columnas y entrevistas colgaron la reforma de un expediente o de una gubernatura fronteriza. El oficio de Gobernación no dedica el decreto a nadie. Lo que sí queda escrito es un candado general para quien quiera la titularidad. Quien convierta un caso en la causa de la norma está haciendo política, no lectura de expediente.
El PRI anticipó voto en contra. Otras voces dijeron que la lealtad no se prueba con un solo pasaporte y que contra la injerencia sirven más la fiscalización, las extradiciones y la transparencia de campañas que un sello consular. Esas tesis existen y se van a discutir en tribuna. Lo que no existe todavía es el dictamen. Sin dos terceras partes en el Congreso y sin la mayoría de las legislaturas locales, el proyecto sigue siendo eso: proyecto.
Para el lector de a pie el efecto no es inmediato. Nadie le va a pedir que rompa su otro documento para renovar la INE ni para votar. El cambio, si cuaja, se sentirá en 2027, cuando se renueven gubernaturas, y más adelante, cuando se arme la sucesión presidencial. Ahí el INE y los organismos locales tendrán que pedir prueba de renuncia, no una carta de buenas intenciones.
Castillo Juárez recibe el pliego en su último tramo al frente de la Permanente: en días deja el Senado para irse a la Secretaría de las Mujeres. El trámite no espera biografías. El papel ya está en la mesa. Falta que Diputados lo abra, lo coteje y decida si la Constitución de 1917 —la misma que en 1997 abrió la puerta a la doble nacionalidad— ahora le pone cerrojo a tres escritorios.
El dato que se lleva uno a la calle es simple y duro de guardar: México no está votando hoy si sus paisanos pueden tener dos pasaportes. Está por votar si quien se siente en la silla mayor puede guardar el segundo en la misma gaveta. Pregúntele a quien pretenda gobernarlo de qué país es ciudadano el día que pida el registro. La respuesta, si esta reforma pasa, tendrá que caber en una sola libreta.
