La discusión sobre la defensoría de las audiencias abre una pregunta que va más allá de atender una queja o distinguir entre información, opinión y publicidad. Si el Estado reconoce que las personas tienen derecho a recibir información de calidad, también debe preguntarse bajo qué condiciones se produce ese periodismo.
La libertad de expresión y el derecho a la información son pilares constitucionales; las reglas sobre derechos de las audiencias buscan hacerlos exigibles en la radio y la televisión. Es correcto que existan mecanismos para responder a la ciudadanía, corregir fallas y transparentar la relación entre medios y público.
Pero la defensa llega tarde si sólo opera cuando el contenido ya fue emitido. Un defensor puede recibir inconformidades y formular recomendaciones, pero no puede sustituir una redacción con tiempo para investigar, verificar documentos, contrastar fuentes y sostener una cobertura local.
Ahí está la paradoja. Se pide mejor información, más pluralidad y mayor responsabilidad editorial, mientras el periodismo independiente enfrenta una estructura económica cada vez más frágil. Sin recursos para reportear, los derechos de las audiencias corren el riesgo de convertirse en una promesa correcta pero incompleta.
El cine ofrece un contraste útil. México cuenta con estímulos públicos y fiscales para la escritura, desarrollo, producción, distribución y preservación audiovisual. No se trata de trasladar mecánicamente ese modelo a los medios, sino de reconocer que la creación cultural y audiovisual requiere instrumentos públicos transparentes para existir y diversificarse.
El periodismo de interés público necesita una conversación semejante, con reglas que protejan su independencia. No hablo de subsidios discrecionales ni de un sistema que premie afinidades políticas; hablo de convocatorias abiertas, jurados independientes, criterios verificables y rendición de cuentas para proyectos de investigación, cobertura regional, datos y formación profesional.
Un fondo competitivo podría apoyar reportajes sobre salud, medio ambiente, justicia, comunidades indígenas, presupuestos locales y violencia, temas que suelen exigir meses de trabajo y que no siempre encuentran espacio en los modelos publicitarios. La condición indispensable sería que el apoyo no comprara líneas editoriales ni condicionara las conclusiones.
La defensoría de las audiencias podría aportar información valiosa a ese diseño. Las quejas recurrentes permiten identificar vacíos de cobertura, prácticas poco claras y barreras de accesibilidad. Convertir esos hallazgos en capacitación, investigación y mejores herramientas de producción sería una forma de prevenir, y no sólo remediar, los problemas.
Defender al público implica defender su derecho a un ecosistema informativo más robusto. La regulación de los derechos es necesaria, pero no basta. Si queremos exigir mejor periodismo, hay que construir mecanismos que permitan hacerlo con independencia, tiempo, seguridad y recursos.
Bruno Cortés