Por Bruno Cortés
La Comisión de Igualdad de Género y diversas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados sostuvieron una comparecencia con la titular de la Secretaría de las Mujeres para analizar el estado que guarda la política nacional en materia de prevención de violencias, asignación de recursos y atención a colectivos de búsqueda. El encuentro legislativo se centró en la evaluación cuantitativa de los fondos etiquetados para el ejercicio fiscal en curso.
Durante la sesión, las legisladoras cuestionaron la suficiencia presupuestal destinada a los refugios temporales y a los centros de atención integral para víctimas de agresión de género. Los datos presentados por las comisiones indican variaciones en la ejecución del gasto federalizado en comparación con las metas programadas en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El eje central de la discusión abordó la operatividad de los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, con especial énfasis en las demandas financieras y logísticas planteadas por las agrupaciones de madres buscadoras. Las diputadas exigieron un desglose detallado sobre la aplicación de los recursos de emergencia destinados a operativos de campo y peritajes forenses.
Por su parte, la representación de la Secretaría expuso los indicadores de cobertura de los programas federales de apoyo económico directo y asesoría jurídica gratuita. Según el informe institucional, se han ampliado las jornadas de atención en municipios con Alerta de Violencia de Género, aunque reconoció la existencia de rezagos administrativos en regiones de alta marginación.
En el apartado normativo, se revisaron las propuestas de modificación a los protocolos de actuación ministerial para evitar la revictimización en los procesos de procuración de justicia. Las legisladoras señalaron que el porcentaje de carpetas de investigación judicializadas por delitos de género mantiene una tasa de vinculación a proceso que requiere mayor eficiencia institucional.
El análisis técnico de las finanzas públicas del sector revela que la dependencia opera con un margen operativo sujeto a la reasignación de partidas presupuestales entre programas sociales y gasto corriente. Los grupos parlamentarios acordaron instalar mesas de trabajo técnicas para dar seguimiento puntual a las observaciones financieras planteadas durante la comparecencia.
Las conclusiones de la glosa legislativa serán incorporadas en el dictamen de evaluación de la política de género, documento que servirá como base para la discusión del próximo paquete económico en el recinto legislativo de San Lázaro.
